Tras su aprobación parlamentaria el pasado mes de diciembre de 2021 y posterior tramitación en el Senado, el 10 de abril ha entrado en vigor la nueva Ley 7/2022, de 8 de abril, de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, que será una de las principales piezas legislativas para impulsar la economía circular y baja en carbono en España.
La nueva Ley deroga la anterior Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, que fue la primera norma a nivel estatal que incorporó conceptos como el de subproducto o fin de la condición de residuo.
La Ley, que transpone diversas Directivas europeas al ordenamiento jurídico español, tiene como objetivo intensificar la lucha contra el cambio climático y la protección del medioambiente y la salud, y seguir avanzando en la consecución de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Enmarcada en la Estrategia Española de Economía Circular 2030, se alinea con los planteamientos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, y representa una de las reformas estructurales para la aprobación del Plan para la Recuperación, Transformación y Resiliencia por parte de la Comisión Europea, y que canalizará las ayudas previstas en el Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation EU.
A tal efecto, la Ley establece los principios de la economía circular mediante un cambio de paradigma hacia la sostenibilidad, que tiene como finalidad transformar el actual modelo económico lineal, basado en la producción y venta masiva de productos, hacia un modelo circular.
La normativa focaliza los esfuerzos en diversos aspectos, como el refuerzo de la aplicación del principio de jerarquía de residuos a través de instrumentos económicos incentivadores, la priorización de la prevención de la generación de residuos, y la ampliación del principio de proximidad a la valorización de residuos no contemplados hasta el momento.
También establece un incremento de los objetivos de preparación para la reutilización y reciclaje, la recogida separada obligatoria para determinados tipos de residuos, los requisitos mínimos obligatorios aplicables en materia de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), o la ampliación de los registros electrónicos a la producción y gestión de diversos residuos, como es el caso de los residuos peligrosos.
Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular
